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Las Obligaciones de Servicio Público en el transporte de viajeros por carretera

F. JAVIER VARELA TEJEDOR  | 11.02.2018 
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El Reglamento europeo 1370/2007, define el contrato de servicio público como uno o varios actos jurídicamente vinculantes que recogen un acuerdo entre una autoridad competente y un operador de servicio público mediante el que se atribuye a éste último la gestión y explotación de un servicio público de transporte de viajeros sometido a obligaciones de servicio público. Señalando expresamente que, cuando el derecho nacional así lo permita, dicho contrato podrá consistir también en una decisión adoptada por la autoridad competente que revista la forma de acto legislativo o reglamentario o que contenga las condiciones conforme a las que la autoridad de que se trate vaya a prestar por si misma el servicio o a través de un operador interno.

Entiende como derecho exclusivo todo derecho que reserva a un operador de servicio público la posibilidad de explotar servicios públicos de transporte de viajeros en una línea, red o zona determinada, con exclusión de otros operadores.

El Reglamento citado define las obligaciones de servicio público (OSP) como toda exigencia definida o determinada por una autoridad competente a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial, no asumiría o no lo haría en la misma medida o en las mismas condiciones sin mediar retribución, estableciendo que son compensaciones de servicio público todo tipo de ventajas, especialmente de carácter financiero, concedidas directa o indirectamente por una autoridad pública utilizando recursos públicos durante el período de ejecución de una obligación de servicio público.

Del conjunto de lo dispuesto en la citada norma europea se deduce que las obligaciones de servicio público podrán imponerse bien en el marco de un contrato de servicio público (este sería el caso de las actuales concesiones de transporte) o bien mediante la aprobación de una regla general de aplicación a todos los transportistas que realicen transportes regulares (este sería el caso, por ejemplo, de los descuentos de familias numerosas).

Por otra parte, cabe señalar que la Administración podrá compensar las obligaciones de servicio público que imponga a un transportista bien a través de una ventaja o ayuda específica o mediante el otorgamiento de un derecho exclusivo a la explotación del servicio de que se trate. En este segundo caso, lo normal será que el contrato imponga una pluralidad de obligaciones y ventajas que se compensan en su conjunto.

Es de reseñar que en cumplimiento de las normas de transparencia en la contratación, toda compensación vinculada a una regla general o a un contrato de servicio público deberá haber sido establecida por anticipado, de modo objetivo y transparente, en el correspondiente contrato, contrato en el que deben figurar los parámetros sobre cuya base ha de calcularse la compensación y la naturaleza y el alcance de cualquier derecho exclusivo que se contemple, de manera que se evite una compensación excesiva.

Por tanto no cabe el otorgamiento de ninguna ayuda o ventaja al prestatario del servicio que no se encuentre previamente prevista en el contrato mediante el que la Administración competente le confía la gestión y explotación del servicio regular de que se trate.

Una vez adjudicado el contrato no será posible otorgar ninguna ayuda o subvención que no se encuentre prevista en éste, salvo en aquellos casos en que la Administración competente imponga a su prestador una obligación nueva que no se encontrase incluida originalmente en el contrato, en cuyo caso procederá la modificación de éste incluyendo la nueva obligación y la correspondiente compensación.

No obstante, cuando se imponga a través de una regla general una nueva OSP a operadores que ya vengan explotando servicios de transporte regular en base a un contrato, dicha regla general podrá determinar que la compensación se produzca en el marco de ese contrato, a través de una modificación del régimen de compensaciones que en el mismo se contemplan, sin que en este caso sean de aplicación las exigencias contenidas en el anexo del Reglamento 1370. Es decir que se ha de considerar que todas las obligaciones que el contrato impone al operador del servicio se han estimado suficientemente compensadas en el momento de adjudicar el contrato con las tarifas y ayudas que en éste se contemplan.

La reducción de la duración de los contratos (por un plazo máximo de 10 años) permite una mejor previsión en cuanto a que no se produzcan alteraciones en la demanda de transporte o las infraestructuras durante dicho período que no pudieran haber sido contempladas en el momento de contratar.


En el caso en que, excepcionalmente, devenga necesario introducir modificaciones en un contrato derivadas de situaciones imprevistas o inexistentes en el momento de la adjudicación que supongan nuevas OSP para el concesionario se ha de tener en cuenta que, conforme a lo que se dispone en la Ley de Contratos, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación, lo que obligaría a. la modificación del contrato original, introduciendo la nueva definición de las obligaciones del concesionario y el nuevo régimen de compensación de éstas.

En este caso, con objeto de garantizar que las nuevas compensaciones no resultan excesivas, tal y como exige la normativa europea y española, el valor de aquéllas no deberá ir más allá del estricto restablecimiento de la relación que en su momento existía entre los supuestos económicos (obligaciones y compensaciones) que fueron considerados como básicos en el momento de adjudicarse el contrato inicial.


No cabe, por tanto, que, con posterioridad a la adjudicación del contrato, la Administración acuerde mediante acto concreto ni regla general otorgar ayuda alguna al concesionario destinada a cubrir total o parcialmente posibles déficit de explotación, si tal ayuda no se encontraba originalmente prevista en el contrato.

Dicho esto y concretando, las OSP suelen consistir en atender a un precio razonablemente bajo, ciertos tráficos o rutas que comercialmente pueden no resultar rentables, pero que se considera que deben existir. Las obligaciones de servicio público suelen tener un impacto negativo sobre el equilibrio financiero de las empresas, por lo que deben buscarse mecanismos de compensación a las empresas por proveer estos servicios a la sociedad.

Existen dos alternativas principales para la financiación de obligaciones de servicio público. La primera de ellas es la subvención directa, vía presupuestos públicos, solución que supone el traslado de los costes del transporte al conjunto de la sociedad. La segunda opción consiste en autorizar a la empresa de transporte a emplear subsidios cruzados. Con ellos, los precios de varios servicios que oferta una misma empresa (distintas rutas, grupos de usuarios, o tipos de clientes) se fijan de acuerdo con reglas diferentes, de manera que algunos de ellos se sitúen por debajo de los costes de producción mientras que otros estén por encima. Esta segunda fórmula traslada el coste de los servicios deficitarios a los usuarios de los servicios rentables, por lo que su aplicación debe realizarse con precaución, ya que en ocasiones este tipo de subsidios cruzados puede tener un efecto redistributivo de carácter regresivo.

A modo de conclusión podemos afirmar que siendo el transporte un servicio necesario para todos los ciudadanos, disponer de medios de transporte público resulta fundamental, especialmente para las personas de rentas más bajas. Por lo que resulta justificado en determinados casos y modos de transporte establecer OSP y utilizar tarifas por debajo del coste marginal, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público frente al transporte en automóvil privado (para aliviar problemas de congestión y contaminación), pero también como un mecanismo de redistribución de renta.

ABOGADO TÉCNICO DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE