El Correo Gallego

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Los (caros) peajes de la AP-9

21.04.2017 
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NO GESTIONA con inteligencia Fomento –ni con sentidiño, sentimos constatarlo– las turbulencias que zarandean a la Autopista del Atlántico, tanto en lo que atañe a la gestión de la concesionaria Audasa cuanto a la controversia sobre el traspaso a la Xunta de la infraestructura, con el (raro) apoyo unánime del Parlamento de Galicia. La nueva subida de peajes que Audasa pretende activar, con el beneplácito del Ministerio que ahora gobierna Íñigo de la Serna, ha puesto en una situación incómoda al Gobierno de Feijóo y en pie de guerra a todos los grupos del Pazo do Hórreo. La concesionaria pretende sacar de los petos de los usuarios la recuperación de las bonificaciones del tramo Vigo-Pontevedra, la compensación por las obras de ampliación y, de propina, la subida del IPC. El Ejecutivo autonómico razona, con sentido común, que el encarecimiento de peajes debe esperar, en todo caso, a que finalicen los trabajos en Santiago y en el puente de Rande. Y la oposición se cierra en banda frente a la pinza de Fomento y Audasa, con acusaciones de agravio en la gestión, tarifas abusivas y negocio sin parangón en Europa. Las cifras de beneficios de la concesionaria –sesenta millones antes de impuestos el año pasado, y 770 millones netos desde 1995 hasta 2016–, junto con los casi 350 millones que el fisco ingresó gracias a la AP-9 durante las últimas dos décadas, son la gasolina que alimenta la hoguera del ya indisimulable malestar que se extiende por todos los estamentos de la sociedad gallega. Resulta complicado tragar con otra subida de peajes cuando uno de cada tres euros por este concepto entra limpio en las arcas de Audasa, y cuando de cada tres euros de ganancia bruta la concesionaria deriva uno a Hacienda. En este escenario, además de pagar desde 2006 la gratuidad de Rande y A Barcala, el Estado tiene margen más que suficiente para invertir en las obras de mejora parte de los fondos que aportan los usuarios. El agravio está adquiriendo dimensiones esperpénticas y los gallegos, que aceptamos resignados los veinticinco años de ampliación de la concesión, no toleraremos sin más que Audasa recupere en peajes los costes de las actuales obras de ampliación. La Autopista del Atlántico pide una gestión racional y justa. Y Galicia quiere que el Gobierno central y el Congreso escuchen la voz firme de la sociedad a favor del traspaso de nuestra principal infraestructura viaria. ¿Lo harán?