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charabia

OFIR ABOY GARCÍA

Buena administración, buen gobierno

19.06.2016 
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Según la definición realizada por Thomas Dye, "política pública es todo lo que los Gobiernos deciden hacer o no hacer".

La política pública es pues un conjunto de actividades o inactividades que emanan de una autoridad investida de potestad. Pero no debemos olvidar que ese poder emana del pueblo, se caracteriza por estar limitado por el derecho, controlado por los jueces, y cuya única finalidad es resolver problemas que afectan a la colectividad. Esa es la base de un buen gobierno, y no existe un buen gobierno sin una buena administración que la acompañe.

 


Después de conocer casos de corrupción tan escandalosos como el caso Gurtel, Nóss, Bárcenas, etc., y corroborar que el binomio buen gobierno-buena administración no existía, los legisladores por fin han decidido poner punto y final al todo vale. A partir de ahora, el alcalde, el ministro, el funcionario público, los representantes sindicales, todos y cada uno de ellos, deberán velar por los intereses generales, por la plenitud de derechos, comprometerse con lo público. Ya no valdrá el yo no lo sabía, el yo no fui, el me vino dado, el vete a un juzgado, el a mí qué me dices.

 


Para fiscalizar esa actividad de los actores públicos, la Ley 19/2013 recoge una serie de principios de buen gobierno, donde destaca no sólo el de transparencia propiamente dicho, sino también el de legalidad, responsabilidad, diligencia, imparcialidad, igualdad de trato o dedicación al servicio público.

La sociedad vuelve a las barricadas por abuso de poder, y como ya se hizo tras la revolución francesa, el propio ciudadano, que se ha visto privado de sus derechos e intereses legítimos, cogerá las armas de las que dispone para luchar contra la arbitrariedad, ya no concentrada en la figura del monarca, sino en esta ocasión en manos del gobierno y la administración que no ha cumplido con sus funciones.

 


La población tiene no sólo como derecho sino también como obligación, después de como ha quedado nuestro país tras haber estado en manos de mafiosos del tres al cuarto, de verificar la adecuación de la actuación tanto de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas, como de la profesionalidad de los servidores públicos, de tal manera que esta fiscalización ciudadana contribuya a la regeneración democrática, inspire confianza en los políticos y promueva la participación ciudadana en los asuntos públicos, para que estos puedan controlar su gestión y, en su caso, exigir responsabilidades.

 


Las Administraciones Públicas también son de los ciudadanos, de las personas, y quienes trabajan en el sector público no son ni más ni menos que gestores de lo de todos, no de intereses partidarios, o partidistas.

Con las nuevas reformas legislativas llevadas a cabo en los últimos años, para reducir el déficit estructural, hemos aprendido algo. Por mucho que existan leyes y jueces que vigilen la actividad administrativa, el ciudadano siempre deberá conocer en primer lugar, de manera efectiva y ágil qué es lo que hace el gobierno y qué no hace. Sólo a través de nuestra efectiva participación en los asuntos públicos podremos alcanzar nuestra plenitud humana.

 


Las instituciones públicas no son propiedad de los dirigentes. Tener un buen gobierno no es cuestión de votos, es cuestión de buena administración. Justa, equitativa y objetiva. Votemos lo que votemos el día 26 de junio, los que salgan vencedores gobernarán al ciudadano pero éste, ahora sin temor, hará lo que le corresponde en un Estado social y democrático de derecho: utilizar todos los mecanismos posibles para exigir una buena administración y un buen gobierno.

 

(*) La autora es

licenciada en Derecho