El Correo Gallego

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A SON DE MAR

JUAN SALGADO

La tierra al servicio del que la trabaja

17.07.2017 
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TODA referencia al rural gallego que se quiera rigurosa ha de tener presentes dos premisas fundamentales, la estructura de la propiedad de la tierra para establecer políticas de producción y generación de riqueza y la información sobre el suelo para priorizar usos en función de sus capacidades agrológicas.

Respecto de este segundo aspecto se echa en falta la existencia de mapas del suelo o bases de datos geográficas a escalas que den respuestas a los distintos actores implicados en la gobernanza y en la promoción sostenible del suelo. Un instrumento que debería completarse con la información climática y meteorológica, determinantes a la hora de la planificación y toma de decisiones. Un aspecto del que infructuosamente viene alertando hace tiempo el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas del CSIC. Quede constancia.

En todo caso, la intención de estas líneas es ahondar más en la problemática que presenta la propiedad de la tierra en Galicia, que supone un claro obstáculo en la toma de decisiones para un mejor aprovechamiento, que tímidamente se está intentando desde el Banco de Tierras y otras iniciativas similares.

Es conocido el minifundismo que impera en el rural gallego donde la fragmentación alcanza los 11. 246.646 de parcelas en manos de 1.631.870 de propietarios.

Los intentos de concentración parcelaria, allí donde la voluntad vecinal pudo más que la política, fueron corrigiendo el estado de cosas pero también aquí hay que situar el propósito del lado de los fracasos.

Se llega, así, a situaciones tan absurdas como la que revelaba el propietario de las bodegas Casal de Armán en el seno del Foro Económico Gallego, "para mercar só 9 hectáreas abandonadas para plantar viñedos descubrimos que eran 101 parcelas, que ningunha estaba inscrita e que só 17 estaban no catastro co nome do propietario".

También un amable lector, que prodiga su atención a estas líneas, recordaba el lunes las vicisitudes vividas por gentes de la alta montaña pontevedresa en su propósito de vender o transferir la propiedad y/o uso de sus parcelas para su laboreo.

Esta evidente desactualización de la propiedad de la tierra llega hasta extremos tan insólitos como, según estimaciones del Banco de Tierras en 2009, que un número no inferior a 300.000 parcelas carezcan de propietario conocido.

Cierto que la situación no es imputable directamente a la Administración, por más que lo sea el no arbitrar las medidas adecuadas para corregirla. Pero sí es responsabilidad de esa misma oficialidad eliminar, vía legislativa, todas las trabas e impedimentos que frenan el progreso de los pueblos. Y el abandono de esas tierras de propietarios desconocidos y las aludidas dificultades en la trasmisión de la propiedad son un serio hándicap a la hora de planificar cualquier actuación que se quiera medianamente eficaz.

Es precisa una legislación que sin menoscabo del derecho a la propiedad pueda articular mecanismos para poner en valor esas parcelas sin necesidad de llegar a la siempre frustrante expropiación forzosa.

Claro que es tarea ingente, pero no lo era menos en intención y falta de medios el Catastro de Ensenada, de hace 266 años, y del que siguen alimentándose aún los estudiosos.

jsalgado@telefonica.net