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JAIME RODRÍGUEZ ARANA

Reforma de la Constitución(y II)

07.12.2017 
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La dimensión social de los derechos fundamentales de la persona debe encontrar acomodo en la letra de la Constitución, superando su actual configuración como principios rectores de la vida económica y social. El régimen general de partidos, sindicatos y organizaciones representativas de intereses generales, igualmente, demanda nuevos impulsos que precisen, a través de nuevas previsiones constitucionales, la esencia democrática de estas instituciones. Algunos aspectos del régimen general electoral son susceptibles, tras varias décadas de elecciones, de una mejor y más justa y equitativa regulación que asegure mayores cotas de pluralismo político.

También la integración de nuestro país en la Unión Europea aconseja que la Norma Fundamental regule determinados aspectos de esta histórica decisión política que en 1978 no se podían contemplar y que, sin embargo, ahora debieran tener rango y calibre constitucional. Por supuesto, la igualdad entre hombre y mujer en la sucesión de la Corona debe reconocerse en la Constitución, pues la discriminación existente no tiene justificación alguna en un mundo en el que afortunadamente la igualdad es una exigencia constitucional creciente.

También, entre otras materias susceptibles de revisión y reforma se encuentra la preservación de la independencia y autonomía en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado. En igual medida, debemos pensar en un nuevo sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional que garantice la independencia y autonomía del supremo intérprete de la Constitución.

La arquitectura constitucional prevé expresamente su parcial modificación o reforma, así como su sustancial transformación, pues manifestación de la pervivencia dinámica de la Constitución es su capacidad de adaptarse a una realidad en permanente transformación. Es lógico que periódicamente se revisen sus preceptos para comprobar si a su través se cumplen los valores y objetivos constitucionales.

Como sabemos, los valores y objetivos constitucionales se encuentran expresamente establecidos en el preámbulo: "La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo(...), consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad general(...), proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, sus lenguas e instituciones(...), establecer una sociedad democrática avanzada (...) y colabora en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra". La lectura hoy, en 2017, del preámbulo de nuestra Carta Magna, es el mejor argumento para justificar la apertura de un proceso de reforma.

Catedrático de Derecho Administrativo