El Correo Gallego

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EL DEDO EN LA LLAGA

CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA

¿Cuánto deben cobrar los políticos?

13.08.2017 
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RECIENTEMENTE se han publicado informaciones hablando de la insuficiencia de los conocidos como “salarios éticos” y cómo precisamente aquéllos que los impulsaron han empezado a manifestar ciertas dudas sobre su cuantía. Fue precisamente tras las elecciones de 2015 cuando comenzó a extenderse este concepto. Se trataba de demostrar que los políticos no estaban ahí por el salario sino por su vocación de servicio público y la entrega desinteresada a la res pública. Y con tal argumento se abrió una especie de ránking de quién cobra menos, con la inversa de a menor sueldo mayor honradez.

Pero ¿quién decide qué salarios son éticos o no? La demagogia en torno a este tema es común, y no de ahora, pues el tema centró ya en su día la reforma local, utilizando como excusa para revisar el régimen de uno de los tres pilares de la organización territorial del estado el hecho de que algunos (los menos) habían abusado de la libertad que el sistema les permitía. Sin embargo, un análisis riguroso y con datos exactos de las retribuciones de los cargos públicos arrojaría resultados inesperados y contrarios a este discurso.

Tenemos que pensar que los responsables políticos son éso, responsables de múltiples decisiones y de su ejecución. De la planificación de las políticas públicas, de la asignación de los recursos públicos y de su mejor utilización para prestar servicios de calidad. De asegurar que los ciudadanos y la sociedad pueda disfrutar de unos estándares de vida acordes con el Estado del Bienestar, y ésa es mucha responsabilidad. Para ello deberíamos aspirar a contar con los mejores, con personas que con vocación de servicio público no tengan que sentirse continuamente cuestionados por si cobran un euro más o menos.

Pero a la extensión de esta corriente demagógica contribuimos todos. Por una parte, y no poco, los medios de comunicación, que conscientes del interés que despiertan en los ciudadanos estas noticias difunden con asiduidad este tipo de informaciones. El concurso de quien cobra menos convive con el concurso de quién tiene menos patrimonio, y no es extraño ver periódicamente informaciones con el ranking del patrimonio de los políticos. La información es y debe ser pública, así lo exige una gestión transparente, pero es menos relevante de lo que pudiera parecer. Por otra parte, los propios políticos, que juegan, sobre todo en época electoral, la baza de los salarios como un arma arrojadiza y no como la retribución por un trabajo.

Lo peor es que mucha gente está de acuerdo con este discurso, personas que consideran que los políticos deben ser mileuristas o poco más. En un momento en el que el contexto actual pone las condiciones para, no diremos expulsar, pero sí para no atraer fácilmente el talento de la gestión pública, por el desprestigio que supone dedicarse a la res pública no debemos continuar con esta línea, la evidencia está demostrando cómo hasta los propios impulsores de los salarios éticos cambian de opinión cuando los perciben.

Debe acabarse con este concurso de “quién cobra menos”. Más allá del peligroso paralelismo que podría establecerse con los responsables y directivos de empresas privadas de cierta entidad, cuyas retribuciones dejan pálidas las a las retribuciones públicas, es necesario extraer del debate político esta cuestión, estableciendo, al menos, unas reglas básicas, un “fair play” que acabe con la perversa utilización que se hace de este tema. Salarios éticos ¿por qué no? Pero ético también es dotar de dignidad el ejercicio de las funciones públicas, de ponderar adecuadamente el valor, que no el precio, de una responsabilidad de máximo alcance, la del interés general.

Entendámoslo de una vez por todas. Patrimonios personales exiguos y nóminas anémicas no son garantía de honestidad ni antídoto frente a la corrupción, y mucho menos de capacitación para la gestión pública. Necesitamos, más que nunca, políticos y gestores excelentes, cualificados, con capacidad de planificación, gestión y ejecución de políticas públicas, ejemplares en su actuación y con profundos valores éticos y comprometidos con la sociedad en su conjunto. A los mejores. No vendrán por el sueldo, pero éste, al menos, debe ofrecer la dignidad que corresponde a su responsabilidad.