El Correo Gallego

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CARLOS LUIS RODRÍGUEZ

Huelga privada

13.02.2018 
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¿QUIÉN defiende lo público en esta huelga? Digamos antes de nada que los sindicatos convocantes no han explicado qué tienen que ver sus pretensiones con la calidad de la Justicia. Ese aumento que exigen y que saldrá del bolsillo ciudadano carece de contrapartidas, con lo cual estamos ante unas demandas exclusivamente privadas. Respetables pero privadas. Sin embargo, para defender unas demandas privadas se apropian de un servicio público. Podemos decir que durante el tiempo que dura el paro los sindicatos han privatizado una prestación básica como la administración de Justicia, hasta el punto de que los portavoces (y portavozas) se jactan de los juicios que han sido suspendidos, o sea, del perjuicio causado a la gente.

La defensa de lo público se fundamenta en la necesidad de situar determinados servicios al margen de los problemas consustanciales a la actividad privada. Educación, sanidad o justicia se blindan contra la posibilidad de que sean interrumpidos arbitrariamente por un patrón o unos sindicatos. A cambio de una estabilidad en el empleo que los demás trabajadores no tienen, la ciudadanía espera que el sindicalismo funcionarial anteponga siempre el interés general al corporativo. Ese "contrato social" no suprime las reivindicaciones, sino que limita la forma de plantearlas porque, en definitiva, la administración no es del político ni del sindicalista, sino de eso que ahora se llama de forma un tanto cursi el común. Por eso lo reprochable de esta huelga no es la subida que se pide, sino la usurpación de un bien público. Los trastornos que se están produciendo no son un daño colateral, sino un objetivo principal. Se está utilizando la Administración como un arma arrojadiza contra los administrados. La privatización que los sindicatos están realizando llega al extremo de irrumpir en dependencias públicas para boicotear la celebración de bodas civiles, tratando a novios, padrinos, familiares y amigos como si fuesen esquiroles. Entonces la pregunta es dónde están los que constantemente alertan a la población contra la privatización de tal o cual servicio. En buena lógica tendrían que estar criticando con dureza a estos privatizadores que sabotean el buen funcionamiento de la Administración, llegando a invadir espacios que son de todos.

Pero no es eso lo que hacen. Con sorpresa vemos a los adalides de lo público aplaudir la privatización y pidiendo a la Xunta que ceda en el conflicto. En teoría, es la izquierda la que no sólo defiende a capa y espada el sector público, sino que quiere ampliarlo lo más posible con el propósito de que el interés general quede mejor protegido. En la práctica se sitúa en contra del interés general y respalda criterios puramente gremiales. Con ese reflejo condicionado que la lleva a apuntarse a cualquier lío que pueda dañar a los que gobiernan, se ubica al lado del sindicalismo y no del ciudadano que está soportando las consecuencias.

Habrá ciudadanos, quizá esos novios increpados por los piquetes, que se pregunten por qué pagan a los que los maltratan.

Periodista