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La Fiscalía advierte irregularidades en la reapertura de la mina de San Finx

Señala que en la explotación, situada en Lousame, se dan un total de cuatro indicios presuntamente delictuosos

Escombrera próxima a la mina de San Finx que desemboca en el río del mismo nombre - FOTO: ContraMINAción
Escombrera próxima a la mina de San Finx que desemboca en el río del mismo nombre - FOTO: ContraMINAción

SANTIAGO. EFE  | 14.11.2017 
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La Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido un escrito al juzgado de Noia en el que advierte de los riegos y las irregularidades detectadas en torno a la reapertura de la mina de San Finx, en el ayuntamiento coruñés de Lousame.

De acuerdo con el texto, en dicha explotación minera "indiciariamente aparecen elementos que pudieran significar la existencia o el riesgo indicado en los artículos 325 y siguientes" del Código Penal, que hacen referencia a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y que pueden acarrear penas de prisión de 2 a 5 años tanto para quien provoca la contaminación como para quien la permite.

Según el escrito del fiscal, se dan un total de cuatro indicios presuntamente delictuosos: la ausencia de un estudio de impacto, el vertido de aguas residuales sin dicho estudio, la falta de control y omisión de sanción en los vertidos de aguas de la mina, y la elusión de responsabilidades por el estado de las balsas mineras.

En relación a la ausencia del estudio de impacto, el documento señala que en 2008 la concesionaria fue requerida de dicho análisis para que se le permitiese reabrir la mina, un informe que nunca presentó alegando que la explotación permanecía igual que en 1982.

Sin embargo, el fiscal considera que esta decisión no está fundamentada legalmente y da cuenta de los numerosos requerimientos efectuados desde la Xunta a la empresa hasta la llegada al cargo, con el cambio de Gobierno, del todavía director general de Minas, Ángel Tahoces, quien resuelve aprobar la reapertura sin necesidad de presentar el citado estudio "sin mediar cambio legislativo".

Asimismo, el escrito remitido al juzgado de Noia también señala la ausencia de estudio del impacto ambiental, pese a que es "preceptivo" por ley, de la solicitud presentada por la minera de verter más de un millón de metros cúbicos de agua procedente de la explotación y la injustificada modificación de los caudales a expulsar para sortear la obligatoriedad de presentar un nuevo proyecto con más controles ambientales.

En dicha solicitud, la empresa reconoce el vertido de aguas industriales sin tratar al dominio público durante décadas, cuyas consecuencias -recoge la fiscalía- son altas cantidades de metales pesados, como cobre, cadmio y cinc, en aguas hasta un kilómetro y medio bajo la mina.

Finalmente, el fiscal señala que nunca se ha exigido a los sucesivos titulares el control y restauración de las balsas mineras y tacha de, "como poco, cuestionable", habida cuenta del estado de conservación, las observaciones de los técnicos de la Dirección Xeral de Minas, que no detectaron deficiencias en la misma.

En la parte de conclusiones, el escrito hace hincapié en la gravedad de los hechos anteriormente mencionados y expresa su preocupación por la ausencia de tratamiento y gestión de los residuos más peligrosos de la mina, además de pedir al juzgado que investigue si los vertidos pasados de aguas contaminadas con metales pesados fueron tolerados o autorizados por la Administración.

En cualquier caso, la Fiscalía expone que los hechos reseñados "no son de momento suficientemente indiciarios de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales", aunque tampoco descarta esta posibilidad.